INFORME DE RELATORIA
1. Lugar y Fecha
La reunión fue organizada por la Secretaria Especial de Derechos Humanos (SEDH)
y Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, con el apoyo técnico del Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)- División de Población de la
CEPAL y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Se realizó en Río
de Janeiro, Brasil, los días 16 y 17 de septiembre de 2008. El objetivo de la
reunión fue formular recomendaciones sobre un proyecto de Convención de Derechos
de las Personas de Edad y sobre las medidas prácticas que habría que tener en
cuenta para impulsar la creación de una Convención y de un Relator Especial de
los derechos de las personas de edad.
2. Participantes
En la reunión participaron representantes de gobiernos de trece países
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Francia,
Jamaica, México, Paraguay, República Dominicana, y Uruguay), representantes de
organismos internacionales (CELADE- División de Población de la CEPAL,
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de las Naciones Unidas (UN/DESA), Comité del Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales), Organizaciones No Gubernamentales
Internacionales (Caritas Alemania, Asociación Internacional de Gerontología,
Global Action on Ageing, HelpAge International), otros organismos brasileños
como el Consejo Nacional de Derechos de las Personas de Edad, Asociación
Nacional de Gerontología, Sociedad Brasileña de Geriatría y Gerontología,
Asociación Nacional de Miembros del Ministerio Público de Defensa de las
Personas de Edad y Personas con Discapacidad, Asociación Nacional de Defensores
Públicos, Servicio Nacional de Comercio, Centro Interdisciplinario de apoyo e
investigación en envejecimiento, Centro Latinoamericano de Violencia y
Salud-CLAVES/FIOCRUZ, Centro de Prevención de la Violencia contra la Persona de
Edad de Pernambuco, Asociación Municipal de apoyo comunitario-AMAC, Asociación
Brasileña de Psicología Aplicada, Confederación Brasileña de Jubilados,
Pensionados y Personas Mayores de Brasil, Frente Parlamentario de Entidades
Civiles y Militares en defensa de la Providencia Pública y los Consejos de
Defensa de los Derechos de las Personas de Edad de Piauí, Alagoas, Río de
Janeiro; Representantes de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-APDH de
Argentina, del Centro de Capacitación y Desarrollo de Chile, Confederación
Latinoamericana de Trabajadores Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores y la
Confederación de Pensionados y Adulto Mayor de Curacao, Grupo Iberoamericano
Interdisciplinario de Gerontología, y Universidad de Sevilla de España.
3. Desarrollo de la reunión
En la inauguración de la reunión participaron Luciana Melchert Presas,
Secretaria del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Brasil, División de Temas Sociales; Paulo Barbosa,
Presidente Consejo Nacional de los Derechos de las Personas de Edad de Brasil;
Sergei Zelenev, Jefe de la Oficina de Integración Social de la División de
Política Social y Desarrollo, UN/DESA, y Perly
Cipriano, Subsecretario Secretaría Especial de Derechos Humanos de Brasil. La
representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que la reunión fue
organizada en seguimiento de la Declaración de Brasilia y subrayó la necesidad
de avanzar paulatinamente en la creación de una Convención de los Derechos de
las Personas de Edad en el contexto mundial. Consideró especialmente importante
la creación de un grupo de expertos para la elaboración de una justificación
jurídica de un instrumento internacional de derechos humanos para las personas
mayores.
El funcionario de UN/DESA reiteró la importancia de la Declaración de Brasilia y
la necesidad de reforzar los mecanismos de seguimiento del Plan de Acción
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Hizo hincapié en la necesidad
de basar las políticas públicas en conceptos de derechos, de incorporar la
participación de la sociedad civil en el proceso de discusión del tema de
derechos humanos y de tomar como referencia el proceso elaboración de otras
Convenciones. Mientras que el Presidente Consejo Nacional de los Derechos de las
Personas de Edad de Brasil entregó argumentos en relación a la importancia de
contar con un documento jurídicamente vinculante para la protección de los
derechos de las personas de edad.
El Subsecretario de la Secretaría Especial de Derechos Humanos de Brasil destacó
la necesidad del involucramiento de todos los gobiernos y la sociedad civil para
avanzar en la elaboración de una Convención. Para ello es necesario contar con
políticas de alianza con los demás continentes y crear un grupo de expertos para
estudiar y analizar las posibilidades actuales de los instrumentos de derechos
humanos para proteger a las personas de edad, así como la necesidad de
justificar un instrumento específico y los contenidos jurídicos del mismo.
Invitó a los demás gobiernos a trabajar juntos en este tema y construir
mancomunadamente un escenario favorable para el impulso de las iniciativas
acordadas en la Declaración de Brasilia.
A continuación se presentó la metodología de trabajo de la reunión, entregando
antecedentes del origen de la misma y de la forma de proceder para discutir y
analizar los temas de la designación de un Relator Especial y elaboración de una
Convención sobre los derechos de las
personas de edad
En el primer panel se presentaron dos exposiciones: los derechos de las personas
de edad en el ámbito internacional y de América Latina y el Caribe y los
mecanismos especiales de protección de los derechos humanos y las personas de
edad (Relatores).
La experta del CELADE-División de Población de la CEPAL, abordó tres tópicos en
su presentación. En primer lugar, trató el asunto de las personas mayores como
sujeto de derechos y la necesidad de realizar un cambio de paradigma para
abordar los asuntos de la vejez, desde una perspectiva basada en la asistencia a
una fundada en el enfoque de derechos. Luego continuó con el tema de las
personas de edad en los instrumentos internacionales de derechos humanos y
mencionó las fuentes del derecho y las formas de incorporación de las personas
de edad. Finalizó con un análisis del marco legal de protección de los derechos
de las personas de edad e indicó que en muchos países existen legislación y
normas especiales a favor de las personas de edad, lo cual es un avance, aunque
existen importantes retos para el cumplimiento de los mismos. Entre las
principales dificultades para la efectivización práctica de estas leyes se
encuentra la: falta de acceso de información, escaso presupuesto público,
mecanismos débiles de participación y desafíos relacionados con el
empoderamiento de los titulares de derecho.
El experto de la Universidad de Sevilla, explicó los procedimientos especiales
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la labor de los
procedimientos especiales en relación con las personas de edad y las
potencialidades de una Relatoría especial sobre derechos de las personas de
edad. Indicó que existen normas que regulan los procedimientos especiales, que
constituyen el marco de la actuación de los relatores y que son los principios
básicos para desempeñar su mandato. Entre las principales actividades que
realizan los relatores se encuentra la elaboración de un informe anual al
Consejo de Derechos Humanos, realización de visita a países, Comunicaciones a
Gobiernos y Otras actividades promocionales.
Las relatorías hasta el momento no contemplan temas particulares de las personad
de edad, sólo en algunos mandatos como en el desalojo y pobreza extrema se puede
hallar alguna mención especifica al respecto. En el mandato de alimentación sólo
se habla sobre la edad en relación con la niñez. En educación y en salud hay una
incorporación muy débil. Ninguno de los mandatos hace mención a las personas de
edad como grupos vulnerables. De acuerdo a la “Resolución 5.1 del Consejo de
Derechos humanos y su construcción”, antes de establecer un nuevo mandato se
debería pensar si existe mandatos que solo falta ampliarlos. Entre los criterios
para un nuevo mandato relacionado con las personas de edad hay que incrementar
el nivel de protección, vacíos temáticos, no duplicación. Un nuevo mandato
relacionado con personas de edad tiene grandes ventajas y potencialidades para
reconocer a las personas edad por su carácter universal, colma el vacío de
protección en ausencia de un instrumento internacional específico y facilita el
dialogo con las agencias internacionales, gobiernos y sociedad civil.
En el segundo panel se presentaron dos exposiciones: Los derechos económicos,
sociales y culturales de las personas de edad, y los derechos y libertades
fundamentales de las personas de edad.
La Vicepresidenta del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales indicó la necesidad de posicionar el tema de las personas mayores y
por lo tanto la necesidad de establecer un mandato. La sociedad civil debe pedir
y exigir que el tema de las personas de edad se contemple como parte de los
derechos humanos, así como la necesidad de exigir a los gobiernos una voluntad
política. Hay que promover la voluntad política de los Estados para que apoyen
una iniciativa de largo plazo y se diseñe una estrategia política para llevar
adelante la propuesta en el ámbito internacional. El objetivo es lograr la
aprobación de una Convención porque así lograr la justiciabilidad de los
derechos de las personas de edad. Recordó que en materia de derechos de las
personas de edad existe muy poco en el ámbito internacional, sin embargo el
Protocolo facultativo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
es
un ámbito propicio para tratar el tema de los derechos de las personas de edad
mientras no se cuente con una Convención a favor de las personas de edad.
El especialista de derechos humanos de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) informó que su institución está trabajando en el establecimiento de un
marco estratégico de los derechos de las personas de edad y detalló el
fundamento jurídico del borrador de dicho instrumento. Resaltó los aspectos de
la Declaración de Brasilia en el ámbito de los derechos humanos así como los
vínculos entre derechos humanos y salud. En cuanto a una Convención, ésta
debería ser específica en cuanto a los mecanismos de acción correspondiente.
A continuación intervino la Vice-Presidenta de la Asociación de los Miembros del
Ministerio Público de Defensa de los Mayores y Personas con Discapacidad de
Brasil y entregó la perspectiva de su organización en relación a los posibles
contenidos de una futura convención de los derechos de las personas de edad.
El siguiente panel sobre Principios orientadores para la elaboración de un
instrumento de protección de los derechos de las personas de edad, participaron
el Jefe de la Oficina de Integración Social de la División de Política Social y
Desarrollo, UN/DESA, una funcionaria del CELADE-División de Población de la
CEPAL y el Presidente del Consejo Nacional de los Derechos de las Personas de
Edad de Brasil.
El representante de UN/DESA indicó que para avanzar en una convención hay que
construir alianzas con varios actores y delinear una serie de recomendaciones
específicas para las personas de edad. La Convención va a facilitar dar
respuestas adecuadas a las personas de edad.
Es necesario tener una Convención, y no esgrimir que ya existen los instrumentos
necesarios o que las personas con edad no necesitan instrumentos específicos
porque no son un grupo específico con derechos particulares. Los Pactos
Internacionales de los derechos humanos no contienen especificaciones para las
personas con edad, y ello ya fue considerado por el Alto Comisionado de los
Derechos Humanos. Para llegar a construir una Convención hay que lograr que los
Estados miembros trabajen con sus ministerios correspondientes y es esperable
que Brasil lidere la propuesta y busque alianza con otros países estratégicos.
La representante del CELADE explicó el significado de una política pública
basada en el enfoque de derechos. El derecho al desarrollo es una medida de
respeto de todos los derechos humanos y considera como fundamental la
participación activa, firme y decidida en el proceso de desarrollo de la
sociedad civil. Los Estados deberían garantizarla igualdad de oportunidades para
todos en cuanto al acceso a recursos básicos, empleos y justa distribución de
los ingresos,
explorar sus posibilidades de vocación y la voluntad internacional, y tratar de
introducir el tema en la agenda conceptual que trabaja Naciones Unidas en el
marco de los derechos humanos.
El Presidente del Consejo Nacional de los Derechos de las Personas de Edad de
Brasil indicó que hay un consenso amplio en los países de la región acerca de la
necesidad de contar con una convención para las personas con edad. Indicó que se
trata de una oportunidad para contribuir a la democracia y debe considerar la
heterogeneidad de las personas de edad, incluyendo la zona de residencia, el
género y el origen étnico. Concluyó indicando que no aplicar los derechos de las
personas de edad tiene un costo más elevado que impulsar una Convención a nivel
mundial.
El segundo día se continuó tratando el tema “Principios orientadores para la
elaboración de un instrumento de protección de los derechos de las personas de
edad” y participaron la Directora
de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores de Argentina, Jenny
Lowick- Russell, Jefa de Coordinación Intersectorial y Regional, Servicio
Nacional del Adulto Mayor de Chile y Alexander Kalache, Consultor HelpAge
International.
La Directora de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores de
Argentina reafirmó la necesidad de tener una Convención para las personas de
edad para combatir entre otros aspectos los estereotipos asociados con la vejez
y sus consecuencias en términos con la pobreza, enfermedad y discapacidad.
Planteo que el punto esencial de una futura convención es avanzar en términos de
igualdad y no discriminación de las personas de edad. Finalizó comunicando la
decisión de su gobierno de continuar contribuyendo con las consultas para la
elaboración de una convención sobre los derechos humanos de las personas de
edad. A ese respecto, informó que Argentina convocará a una reunión para el
análisis de un borrador de la misma, que incluya los diferentes aportes
efectuados al proceso iniciado con la Declaración de Brasilia, tanto en cuanto a
contenidos como a la formalización del instrumento. Expresó que si bien el
párrafo 26 de la Declaración de Brasilia menciona el ámbito de las Naciones
Unidas, resultaba conveniente explorar también la vía del sistema
interamericano, a fin de facilitar el avance en una materia que varios gobiernos
estimaban prioritaria.
La representación del Servicio Nacional del Adulto Mayor de Chile resumió los
pasos que ha realizado el país con posterioridad a la adopción de la Declaración
de Brasilia. Indicó que la institución rectora del tema ha tomado contacto con
el Ministerio de Relaciones Exteriores para informar sobre los acuerdos de la
Declaración en el ámbito de Derechos Humanos y que éste ha instruido a la misión
permanente de Chile ante Naciones Unidas en Ginebra y otros organismos
internacionales para promover ante el Consejo de Derechos Humanos la designación
de un relator especial de derechos de las personas de edad. Igualmente dio a
conocer las recomendaciones que el Gobierno de Chile en relación a los
contenidos de una futura convención sobre derechos de las personas de edad, y
agradeció al Gobierno de Brasil la
realización de la presente reunión.
El representante de HelpAge International indicó que la organización se
encuentra comprometida con el tema de derechos de las personas de edad y que
espera continuar desarrollando acciones en conjunto con la sociedad civil para
promover la elaboración de una futura convención sobre los derechos de las
personas de edad.
El último panel “Contribución de la sociedad civil en el ámbito de los derechos
humanos de las
personas de edad” participó Susanne Paul de Action Global on Ageing, la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos-APDH de Argentina, la IAGG y Caritas
Alemania.
Todas las organizaciones dieron su más amplio apoyo al desarrollo de un futura
convención de derechos de las personas de edad en el ámbito de las Naciones
Unidas, e reafirmaron su intención de contribuir desde la perspectiva de la
sociedad civil al desarrollo de la misma en similares condiciones a las que se
dieron en el contexto de la Convención sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad. Cada una de las organizaciones entregó recomendaciones específicas
en relación a los contenidos de la Convención, entre los que destaca los temas
de mujeres de edad, participación social, seguridad económica y acceso a
servicios, trabajo, solidaridad intergeneracional, vivienda, entre otros.
Igualmente de la IAGG dio lectura a la Declaración de la Reunión de Montreal
organizada por la Federación Internacional de la Vejez.
Durante la reunión se trabajó en los aspectos técnicos relacionados con la
elaboración de una Convención sobre derechos de las personas de edad y
designación de un Relator Especial en el tema. Ningún país presentó un documento
oficial de Convención.
4. Propuestas de la Reunión de seguimiento de la Declaración de Brasilia en
materia de derechos humanos (Párr. 25-26).
Los representantes gubernamentales y de la sociedad civil presentes en la
Reunión de seguimiento acuerdan someter a la consideración de sus respectivos
Gobiernos las siguientes propuestas:
Convención instrumento jurídico vinculante sobre los derechos de las personas de
edad
1. La reunión tomó nota del Informe del Secretario General de las Naciones
Unidas titulado “Seguimiento de la Segunda Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento” (Doc. ONU A/63/95), que será analizado por la Tercera Comisión
de la Asamblea General durante su 63º período de sesiones. A ese respecto, se
sugiere a los Gobiernos que apoyen incluir, en la Resolución respectiva, un
pedido al Secretario General para que presente un informe específico sobre los
derechos de las personas de edad, durante el 64º período de sesiones de dicho
órgano.
2. Se propone a los Gobiernos que soliciten a la Comisión de Asuntos Jurídicos
del Consejo Permanente de la OEA una sesión extraordinaria para tratar la
situación de los derechos humanos de las personas de edad en el contexto de la
Declaración de Brasilia, la colaboración técnica de las agencias especializadas
y la posibilidad de elaborar una Convención sobre los derechos humanos de estas
personas;
Establecimiento de un Relator Especial sobre los derechos de las personas de
edad
3. Se propone a los Gobiernos que lleven a cabo las consultas necesarias para la
elaboración y presentación conjunta de un primer borrador de resolución sobre el
mandato del Relator Especial sobre los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas de edad ante el Consejo de Derechos Humanos, y a
impulsar las discusiones necesarias con los Gobiernos, la sociedad civil y otros
actores interesados con miras a la aprobación del mandato.
4. Se sugiere que la cuestión sea considerada en las intervenciones de los
representantes respectivos en el Segmento de Alto Nivel del Consejo de Derechos
Humanos.
Próxima reunión de seguimiento
5. El Gobierno de Argentina, aquí representado por la Jeja de Políticas Públicas
para los Mayores, se compromete a convocar una segunda reunión de seguimiento de
la Declaración de Brasilia, con el objetivo de comenzar la discusión en torno a
los contenidos de un instrumento jurídico vinculante sobre los derechos de las
personas de edad. Dicha reunión se celebrará en abril de 2009, en Argentina.
6. Los representantes gubernamentales se comprometen a sugerir a sus Gobiernos
la solicitud de apoyo técnico a CELADE/CEPAL, OPS, y otras agencias
internacionales.
Acción de la sociedad civil
7. Las organizaciones de la sociedad civil se comprometen a apoyar y difundir
las propuestas aquí presentadas por las mismas, como insumos en la discusión en
torno a una Convención sobre los derechos humanos de los mayores, instrumento
jurídico vinculante sobre los derechos de las personas de edad.
8. Las organizaciones de la sociedad civil presentes en la reunión se
comprometen a impulsar un diálogo con los Gobiernos de sus países para promover
el apoyo al establecimiento del instrumento jurídico vinculante y del mandato
del Relator Especial sobre los derechos de las personas de edad, y para que los
expertos que participaron en esta reunión representados a sus distintos
Gobiernos estén presentes en la delegación de su Gobierno en el 47º período de
sesiones del Comisión de Desarrollo Social.
9. Las organizaciones se comprometen a solicitar a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de la OEA una audiencia especial para tratar la
situación de los derechos humanos de las personas de edad en el hemisferio, en
el contexto de las normas internacionales e interamericanas aplicables a
personas de edad y dentro del período de sesiones ordinarias de la CIDH.
10. Impulsar un diálogo con los Miembros del Consejo de Derechos Humanos, con el
apoyo de las organizaciones internacionales de la sociedad civil, con miras a
lograr el apoyo del mandato del Relator Especial, a través de consultas
informales con las Misiones Permanentes en Ginebra y con la Presidencia del
Consejo, así como la organización de eventos públicos paralelos durante las
sesiones del Consejo.
Contacto:
Dr. Santiago Pszemiarower
santipsz@ar.inter.net
