Secretaría de Ambiente, Recursos Naturales y Sociedad

Llamamiento de Dakar contra el Acaparamiento de Tierras  [1]

 

Nosotros/as, organizaciones de campesinos/as, organizaciones no-gubernamentales, organizaciones religiosas, sindicatos y otros movimientos sociales, reunidos en Dakar en el Foro Social Mundial 2011:

Considerando que los/as agricultores/as campesinos/as y familiares, quienes conforman la mayoría de los agricultores del mundo, están en mejores condiciones para:

satisfacer sus propias necesidades alimentarias y las de las poblaciones, asegurando la seguridad y la soberanía alimentarias de los países;

proporcionar empleo a las poblaciones rurales y mantener el tejido económico en las zonas rurales, clave para un desarrollo territorial equilibrado;

producir alimentos respetando el medio ambiente y conservando los bienes naturales para las generaciones futuras;
Considerando que la reciente ola de acaparamientos masivos de tierra en beneficio de intereses privados o de Estados terceros - ya sea por razones alimentarias, energéticas, mineras, ambientales, turísticas, especulativas o geopolíticas - abarca decenas de millones de hectáreas y viola los derechos humanos al privar a las comunidades locales, indígenas, campesinas, pastoras y pescadoras de sus medios de producción, al restringir su acceso a los bienes naturales, al limitar su libertad para producir lo que quieran y al exacerbar las desigualdades en el acceso y el control de la tierra por parte de las mujeres;

Considerando que los inversionistas y los gobiernos cómplices amenazan el derecho a la alimentación de las poblaciones rurales, que las condenan a sufrir el desempleo generalizado y el éxodo rural, que generan así pobreza y conflictos y que contribuyen a la pérdida de conocimientos, prácticas agrícolas y de las identidades culturales;

Considerando también que la gestión de la tierra, así como el respeto a los derechos de los pueblos, son primeramente competencias y obligaciones de los gobiernos y los parlamentos nacionales , y que son ellos quienes tienen la mayor cuota de responsabilidad en los acaparamientos;

Llamamos a los parlamentos y a los gobiernos nacionales a poner fin inmediatamente a todos los acaparamientos masivos de tierras actuales o futuros y a que se restituyan las tierras saqueadas. Urgimos a los gobiernos a que dejen de reprimir y criminalizar a los movimientos de lucha por la tierra y a que liberen a los/as activistas detenidos/as. Exigimos que los gobiernos nacionales establezcan un marco efectivo para el reconocimiento y la regulación de los derechos a la tierra para los/as usuarios/as a través de consultas con todas las partes. Es necesario poner fin a la corrupción y al clientelismo que invalidan cualquier intento de gestión compartida de la tierra.

Exigimos a los gobiernos nacionales, a las organizaciones regionales de Estados, a la FAO y a otras instituciones internacionales que pongan inmediatamente en práctica los compromisos asumidos en la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) de 2006, especialmente, garantizar los derechos de los/as usuarios/as de la tierra, la re-activación de procesos de reforma agraria sobre la base de un acceso equitativo a los bienes naturales y el desarrollo rural para el bienestar de todos/as. Demandamos que el proceso de elaboración de la Directrices de la FAO sobre la gobernanza de la tierra y los bienes naturales tenga fuerte respaldo y que las Directrices se basen en los derechos humanos tal como se definen en las diversas cartas y pactos internacionales - estos derechos no pueden ser efectivos sin instrumentos jurídicos vinculantes al nivel nacional e internacional para imponer a los Estados el cumplimiento de sus obligaciones. Por otra parte, cada Estado es responsable del impacto de sus políticas o de las actividades de sus empresas en los países destinatarios de las inversiones. Del mismo modo, reafirmamos la supremacía de los derechos humanos sobre los regímenes legales comerciales, financieros y de inversiones internacionales que han hecho posible la especulación con los bienes naturales y los productos agrícolas.

Instamos también al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) a rechazar definitivamente los Principios para Inversiones Agrícolas Responsables (RAI) del Banco Mundial, que son ilegítimos e insuficientes para hacer frente al fenómeno, así como a que incluya los compromisos de la CIRADR y las conclusiones de la Evaluación Internacional del Conocimiento, de la Ciencia y de la Tecnología Agrícola para el Desarrollo (IAASTD) en su Marco Global de Acción.

Exigimos que los Estados, las organizaciones regionales y las instituciones internacionales garanticen el derecho a la tierra de los pueblos y que apoyen las agriculturas familiares y la producción agro-ecológica de alimentos. Políticas agrícolas adecuadas deben prestar especial atención a todos los diferentes tipos de productores/as de alimentos (pueblos indígenas, pastores/as, pescadores/as artesanales, campesinos/as beneficiarios de las reformas agrarias), y responder específicamente a las necesidades de las mujeres y de los jóvenes.

Por último, invitamos a todo/as los/as ciudadanos/as y a las organizaciones de la sociedad civil de todas partes del mundo a apoyar por todos los medios- humanos, de comunicación, jurídicos, financieros y populares - posibles a todos/as los/as que luchan contra los acaparamientos de tierras; y a presionar a los gobiernos nacionales y a las instituciones internacionales para que cumplan sus obligaciones con los derechos de las personas y los pueblos.


¡Todos/as tenemos el deber de resistir y apoyar a los pueblos que luchan por su dignidad!

[1] La secretaría de Ambiente, Recursos Naturales y Sociedad firmó este documento del Foro Social Mundial, con acuerdo de todos los integrantes de su Consejo Asesor.