El Espacio Juicio y Castigo Rosario junto a a organizaciones sociales, sindicales, políticas, culturales, estudiantiles realizaron un escrache el viernes 28 de mayo a las 18, como forma de repudio a la liberación de los represores Rubén Lofiego, Mario Marcote y Ramón Vergara, imputados en la causa Díaz Bessone (ex Feced) por cometer delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura militar.

La persistente llovizna no afectó a la importante columna de manifestantes que se movilizaron hasta Mendoza 1480. Allí, en en el departamento 1 del octavo piso de ese edificio se encuentra el domicilio del represor Lofiego. Sobre el frente, se proyectó a gran tamaño una flecha y la palabra “Genocida”.

La liberación de los represores fue otorgada por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal. Desde el Espacio Juicio y Castigo de Rosario lo consideraron un “despropósito desde todo punto de vista, tanto político como jurídico”. Y lo fundamentan aseverando que la Cámara de Casación otorga este “beneficio” a los torturadores, juzgados por delitos de Lesa Humanidad, como si fueran “delincuentes comunes”. “Esta resolución, tomada a menos de un mes que fueran condenados a prisión perpetua y cárcel común cinco genocidas en la causa Guerrieri, y a menos de dos meses del inicio de este nuevo juicio, constituye una provocación por parte de miembros de la corporación judicial”.

Matilde Gatti, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario, planteó que “el mismo argumento es ridículo, porque dicen que por el paso del tiempo que ya están en la cárcel, sería como un derecho que tendrían los genocidas a esperar el juicio en libertad”. Esta definición es tomada por “los mismos que causaron que el tiempo pase, por lo que tardan en resolver”.

“Es totalmente sin sentido” continúa Matilde, “no pueden hacerse los tontos y alegar que por esto, que es por lo que ellos son responsables, se los deja libres”.

De esta manera, los organismos de derechos humanos decidieron retomar la modalidad del escrache, empezando con quien había sido el destinatario del primero realizado en nuestra ciudad en junio de 1998: Rubén Lofiego. “Como siempre decimos en estos casos, que cuando no hay justicia hay escrache, creímos que era un hecho paradigmático como para salir otra vez a la calle, a pesar de que hoy están los juicios en marcha” afirmó la activista.

Hablando de aquella jornada de hace doce años atrás comienza Paula Luna, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas de Rosario. “Me estaba acordando cuando hicimos el primer escrache y fue a Lofiego. Y la verdad que me da así como una nostalgia y a la vez muchísima bronca, porque estuvieron cuatro años detenidos sin la posibilidad de juicio. No esperábamos que el Juicio Guerrieri-Amelong se atrasara tanto como para estos tipos realmente pudieran pagar la fianza y quedar en libertad”.

En la megacausa Díaz Bessone (ex Feced), está el caso de Daniel Gorosito, el padre de Paula, que planteó su impotencia ante la perspectiva de que cuando empiece el juicio, “vamos a estar todos ahí, vamos a estar declarando, ellos nos van a estar escuchando pero van a poder volver a su casa. Entonces, nos da mucha más bronca por esta impunidad y pensar en el miedo que pueden sentir los testigos”.

“Nosotros estamos reclamando que mientras esté el juicio, estén en la cárcel. Pero hay que seguir, vamos a seguir en la calle, este escrache no es el último. Que se quede tranquilo Lofiego que lo vamos a seguir visitando mientras dure esta causa” concluyó.

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Los organismos de derechos humanos, querellantes y testigos de los juicios contra los genocidas, organizaciones sociales, sindicales, políticas, culturales, estudiantiles y miles de ciudadanos queremos convocar a todos los rosarinos al escrache que organizamos para el próximo viernes 28 de mayo a las 18, como forma de repudio a la liberación de Rubén Lofiego, Mario Marcote y Ramón Vergara, imputados en la causa Díaz Bessone (ex Feced) por cometer delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura militar. Cabe recordar que se los acusa de privación ilegal de la libertad con violencia, amenazas, tormentos, homicidio calificado y asociación ilícita calificada a decenas de detenidos y detenidos desaparecidos.

Dicha liberación, otorgada por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal es a nuestro entender un despropósito desde todo punto de vista, tanto político como jurídico y no hace otra cosa que abonar el largo camino de impunidad de décadas consagrados con el Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos desde los poderes constituidos y avalados en distintas instancias, entre ellas la de la corporación judicial.

Despropósito judicial porque la Cámara de Casación otorga este “beneficio” a los torturadores, juzgados por delitos de Lesa Humanidad, como si fueran “delincuentes comunes”. Y porque esta es una de las causas más importantes que se juzgará en Rosario, donde se ventilará el accionar de la patota de Feced, que operó en el centro clandestino de detención más grande de la provincia de Santa Fe ‒uno de los más terribles de los dependientes del Segundo cuerpo de Ejercito‒. A la vez, la resolución de Casasión tiene el contrasentido de que salvo Díaz Bessone (detenido domiciliariamente) deja a la causa Feced sin detenidos, aunque sí con muchos prófugos.

Esta resolución, tomada a menos de un mes que fueran condenados a prisión perpetua y cárcel común cinco genocidas en la causa Guerrieri, y a menos de dos meses del inicio de este nuevo juicio, constituye una provocación por parte de miembros de la corporación judicial.

Más aun: que el argumento sea que los genocidas tienen este derecho por el tiempo que llevan detenidos sin que se realice el juicio, es un verdadera hipocresía: no es la sociedad, ni las víctimas, ni los querellantes y testigos responsables de esta situación, sino el propio poder judicial que ha permitido, avalado y propiciado que estos juicios se dilaten y no se hayan llevado adelante todavía. ¡Venimos reclamando que estos genocidas fueran juzgados desde hace décadas! Y hoy con esta resolución los beneficiarios son ellos.

Después de muchos años de que familiares, testigos y querellantes sufrieran amenazas, de que Julio López se convirtiera en el desaparecido 30.001 por ser testigo, después del asesinato a manos de sicarios de Silvia Suppo: liberar a estos genocidas es un decisión que no sólo permite su posible fuga, sino que es un acto de intimidación concreta hacia los testigos y querellantes, permitiendo a estos mercaderes de la muerte operar “libremente”, a contrapelo de lo que venimos exigiendo a los distintos estamentos estatales, que era la investigación en cada intimidación del entorno de los mismos.

La liberación de los imputados genera una sensación de mayor riesgo a los testigos y querellantes que deberán declarar en el proceso, ya que están expuestos a encontrarse en las calles con los denunciados o a ser intimidados por los represores contra quienes, desde el próximo 21 de julio, deberán atestiguar.

En este marco, dejando en claro que obviamente no son responsables de este fallo, no podemos de dejar de señalar la actitud del gobierno provincial que en conocimiento de este hecho ( los genocidas estaban detenidos en la alcaldía que depende la policía provincial) no haya establecido lo mecanismos para informar y movilizar a las organizaciones de derechos humanos y sociales, a testigos y querellantes (incluso a los que están en el programa de protección a testigos). Este hecho, como mínimo, es una actitud irresponsable frente a esta grave situación.

Desde el espacio Juicio y Castigo estamos dispuestos a pelear contra esta resolución, de la misma manera que lo hemos hecho durante décadas. Una resolución judicial, por mas aberrante que sea, no nos detendrá en la lucha por el juicio, castigo, cárcel perpetua y común para todos los genocidas. Y no nos detendrá en realizar todas las acciones públicas, marchas, actos, movilizaciones que impulsen este objetivo. Porque la memoria sigue y seguirá viva.
Por esto, nos dirigimos en primer lugar los trabajadores, a los estudiantes, intelectuales y a todo el pueblo para repudiar esta liberación, convocándolos a sumarse efectivamente a la lucha por el juicio y castigo y al escrache que realizaremos el viernes 28, que partirá de plaza Pringles a las 18 hacia la casa de uno de los máximos torturadores de la ciudad, José Rubén Lofiego. En el marco de esta fecha de reflexión a cerca de los doscientos años de la nación argentina, desde el espacio juicio y castigo afirmamos que queremos un bicentenario con todos los genocidas presos.

A cada una de las instituciones, a los poderes ejecutivos nacional y provinciales, a los parlamentos provinciales y nacionales, a los concejos deliberantes, a cada uno de los distintos estamentos a invitamos a repudiar esta liberación de los represores. Y en especial a la Corte Suprema de la Nación, en cuyas manos esta la decisión política y jurídica de revertir estas injustas libertades a los genocidas.