Informe: Gustavo Senn
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San Luis (Pelr) 13-03-09 El Tribunal Oral de San Luis encontró culpables a
los cinco policías y militares acusados de delitos de lesa humanidad
realizados durante la última dictadura y los condenó a prisión perpetua e
inhabilitación de por vida con cumplimiento efectivo en cárcel común, dos de
ellos en el penal de Marcos Páz en Buenos Aires y a los restantes en el
servicio penitenciario local, en un veredicto que fue seguido por más de
medio millar de personas que se dieron cita al lugar.
Los represores fueron condenados en la causa que investigó el asesinato de
Graciela Fiochetti, las desapariciones y asesinatos de Pedro Valentín
Ledesma y "Sandro" Santana Alcaráz y los tormentos sufridos por Víctor
Carlos Fernández cuando estuvo detenido y que finalmente logró sobrevivir.
Cuando quede firme la sentencia, Carlos Esteban Pla, Víctor David Becerra,
Miguel Ángel Fernández Gez, Luis Orozco y Juan Carlos Pérez comenzarán a
purgar esta condena en cárcel común. Pla y Fernández Gez en Marcos Paz y los
restantes en el servicio penitenciario de San Luis.
Becerra cumple actualmente prisión domiciliaria.
El fallo emitido por los jueces Raúl Rodríguez, Roberto Burad y Roberto
Nacif fue recibido con algarabía por los familiares, militantes y
organizaciones de DDHH que se dieron cita desde temprano al edificio ubicado
en pleno centro de la capital puntana.
El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde,
presente en la sala de audiencias, destacó el "fallo ejemplar" dado a
conocer esta tarde, ya que "se dictó la máxima pena por los delitos
cometidos".
También la diputada nacional
Victoria Donda destacó el fallo y reconoció "la
lucha de los compañeros, que muchas veces fue llevada adelante en absoluta
soledad" y criticó al gobierno de Alberto Rodríguez Saá por no haber
facilitado los medios para que estos delitos se esclarecieran. Fue notoria
la ausencia de funcionarios y legisladores del oficialismo, ya que no hubo
ningún representante del gobierno provincial cuando se leyó el veredicto.
Tanto el abogado de la querella, como los familiares de las víctimas,
destacaron "la valentía de los jueces" que "actuaron con ecuanimidad" y
llevaron adelante este juicio "dandolé a los represores la oportunidad de
ser juzgados de manera transparente, cosa que ellos no hicieron con sus
víctimas"
"Todavía queda una materia pendiente", dijo a esta agencia Segundo Ledesma,
el padre de Pedro, que todavía continúa desaparecido. "Esperaba que estos
cobardes dijeran donde tiraron a mi hijo", se lamentó y Dominga, su esposa,
más allá del fallo se retiró desolada de la sala, en silla de ruedas, pues
esperba ese gesto de los represores, "para darle sepultura a Pedro".
"He cumplido con doña Laura" dijo emocionada Lilian Videla, presidenta de la
APDH local, haciendo referencia a la promesa de seguir hasta las últimas
consecuencias para que se esclarezca el asesinato de Graciela Fiochetti.
"Ahora van a estar donde tienen que estar", sentenció Reina Alcaraz, la
hermana de Santana, el muchacho que fue secuestrado de las aulas de la
Universidad Nacional de San Luis y nunca más se lo volvió a ver. Para ella
también el fallo le dejó un vacío, porque estaba esperanzada de "encontrar
el cuerpo de mi hermano".
El Tribunal Oral hizo también lugar al pedido de compulsa que realizaron la
querella y la fiscalía y los integrantes de la plana mayor que en
1976 estaba al frente del Gada 141 y el Comando de Artillería 141.
Igual suerte corrió el actual camarista mendocino Carlos Martín Pereyra
González, que en ese año era Secretario del Juzgado Federal de San Luis,
para quien el Tribunal ordenó que se abriera una investigación para
determinar si incurrió en algún delito con su accionar. También será
investigado el ex juez Federal de San Luis Eduardo Allende por sus
actuaciones en la causa.
Una nueva causa se abrirá también para el ex jefe del III Cuerpo de
Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, ya que de él dependía el área 333 con
asiento en San Luis.
El Tribunal también ordenó la investigación del ex obispo de San Luis, Juan
Rodolfo Laise, ya que uno de los imputados, Miguel Ángel Fernández Gez lo
acusó de haberle pedido que hicera desaparecer a un sacerdote que estaba
enfrentado con el prelado.
La lectura de los fundamentos de la sentencia fue anunciada para el 14 de
abril a las 9 de la mañana.
Los cargos
Fernández Gez, Plá y Becerra fueron condenados acusados de privación
ilegítima de la libertad agravada; tormentos agravados; homicidio
doblemente agravado por alevosía y premeditación por 3 hechos en
concurso real en perjuicio de Fiochetti, Ledezma y Alcaráz calificados
como delitos de lesa humanidad.
Pérez fue acusado de privación ilegítima de la libertad agravada;
imposición de tormentos agravados; homicidio doblemente agravado con
alevosía y premeditación en concurso real en perjuicio de Graciela
Fiochetti.
Orozco fue sentenciado como co-autor plenamente responsable de privación
ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y homicidio
doblemente agravado por alevosía todo en concurso real en perjuicio de
Graciela Fiochetti, delitos calificado como de lesa humanidad.
Aplausos de uno y otro lado
Cuando el presidente del Tribunal leyó que los imputados irían a cárcel
común, los familiares y amigos de las víctimas rompieron en un cerrado
aplauso festejando la decisión.
Lo llamativo fue cuando el juez Rodríguez leyó que se llamaría a
compulsa a Juan Carlos Moreno, el jefe del Gada 141 en 1976, esta vez
fueron los familiares de Carlos Pla los que comenzaron a aplaudir la
decisión de los jueces. Sostienen que la responsabilidad de los hechos
fue de la cúpula del GADA.
