Cuando hace cuatro años logramos quebrar la “impunidad de derecho” al declararse la inconstitucionalidad de las leyes que impedían juzgar a los responsables del genocidio en nuestro país, inmediatamente se puso en construcción otra barrera: la “impunidad de hecho”, caracterizada por los avatares que debemos enfrentar a pesar de contar con indubitables pruebas testimoniales, documentales, periciales, etc; tener acreditado con carácter de cosa juzgada el plan sistemático de eliminación de opositores al régimen, su mecánica e implementación; tener identificados en nuestra provincia a los integrantes del grupo de tareas y en definitiva a los responsables de la represión. Aún con todo lo detallado no tenemos a todos los responsables presos en cárceles comunes y con sentencias ejemplificadotas como la de Etchecolatz.

Próximos a cumplir cuatro años desde que se interpusiera la primera denuncia penal en la justicia federal santiagueña, además de los sobreseimientos y faltas de mérito dictados a favor de Carlos Juárez, Mercedes A. de Juárez, Arturo Liendo Roca, Olmedo de Arzuaga, Lorna Hernández y otros ex funcionarios; y de las cesaciones de prisión ordenadas a favor de Jorge D`Amico y Juan Bustamante, el miércoles 19/9 la Cámara de Apelaciones liberó a Francisco “Paco” Laitán, quien fuera el segundo jefe de la Secretaria de Informaciones Policiales, la más terrorífica organización criminal que actuara en la provincia.

Laitán fue liberado no por inocente sino como consecuencia de la “impunidad de hecho” que se genera desde el Juzgado por el modo de llevar adelante el proceso -que tiene pendientes desde hace más de tres años innumerables pedidos de indagatorias contra represores (entre los que se cuenta Laitán). De haber sido este último indagado en estas causas no se habría producido su libertad por la gravedad de los delitos en que se encuentra involucrado. No resulta aceptable esta situación desde que el Juzgado cuenta con el auxilio de una Secretaría de Derechos Humanos, creada especialmente, que cuenta con cuatro empleados de los cuales tres son profesionales del derecho.

Por otro lado, resulta difícil considerar como “equivocaciones” las omisiones al momento de indagar a represores, no endilgándoles el delito de asociación ilícita ni detallarles toda la prueba de cargo que se halla en la causa madre (la nº 9002, donde se encuentran acumuladas casi todas las querellas), para luego procesar por un delito que no le fue oportunamente imputado. Cae de maduro que tal fallo no resistiría los embates de las defensas. ¿Qué estrategia tiene la Justicia Federal de Santiago del Estero? Las decisiones tomadas no parecen llevarnos a otro lugar que no sea la “impunidad de hecho”.

La misma Cámara de Apelaciones que liberó a Laitán debe resolver el recurso interpuesto por la defensa de Tomás Garbi, brutal represor y 2º jefe de la DIP, quien se halla detenido sin resolución de su situación procesal; hay argumentos de sobra para negarle el beneficio que prevé la ley por la peligrosidad procesal que reviste y por la gravedad de los delitos endilgados. Es difícil prever lo que pueda ocurrir en el marco de la actuación judicial referida.

Por otro lado, la actuación de la Fiscalía que no demostró capacidad ni dedicación y real interés en llevar adelante estas causas. Hay dos personas contratadas para trabajar exclusivamente en estas causas, pero desde hace seis meses sólo trabaja una, la otra fue asignada a diferentes tareas. Se contrataron dos abogados para la Fiscalía y no se afecta ninguno para una de las causas más importantes que tiene en Santiago.

Todo esto se verifica en el marco de una situación de “transitoriedad” de los actuales funcionarios a cargo de Fiscalía, Juzgado y Cámara que devienen de las “subrogancias” que efectúan; situación que condiciona la dedicación y disposición para llevar adelante el proceso.

Y al final, lo más grave: ¿quién asegura que estos represores liberados no amenazarán o atentarán contra los testigos (quienes 30 años atrás fueron sus víctimas) y sus familias?

Están dados todos los requisitos para que cite a indagatorias, se detenga y se resuelva a la brevedad la situación procesal de los denunciados.

Pruebas sobran. Lo que falta es la decisión de la Justicia Federal.

Santiago del Estero, 21 de setiembre de 2007

Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia – Familiares de Desaparecidos y Ex presos políticos de Santiago del Estero.