La APDH apoya la ley anti-despidos y repudia la ola de despidos masivos
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) considera necesaria en el actual contexto, la aprobación de una ley marco contra los despidos que en gran cantidad están afectando la vida del conjunto de los trabajadores. Repudia una vez más, la masividad de los despidos que se vienen produciendo tanto en el ámbito público como en el privado y recuerda que la Constitución Nacional garantiza la estabilidad plena del empleo público (art. 14 bis).
La resolución de las tensiones macroeconómicas acumuladas en los últimos años se está llevando a cabo a través de la articulación de los mecanismos coercitivos característicos del giro liberal conservador de la política económica en curso: una estripitosa devaluación, quita de retenciones para las grandes cerealeras y mineras, pago a los fondos buitres, disminución del gasto público y aumento de las tarifas de los servicios públicos. El actual gobierno decide aplicar estas políticas socioeconómicas a través del ajuste del salario del salario real de los/as trabajadores y el aumento del desempleo, lo que conducirá, indefectiblemente, a una recesión que perjudicará a los sectores populares.
Diferentes Pactos y Tratados Internacionales, y en particular el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), sostienen una concepción integral de los derechos humanos mediante la obligación de los Estados de evitar la privación a sus pueblos del conjunto de los medios de subsistencia económicos, sociales y culturales necesarios para la reproducción y conservación de la vida humana en las condiciones que el desarrollo civilizatorio ofrece.
Por todo lo expuesto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, como entidad defensora de los derechos humanos caracterizados por su universalidad, indivisibilidad, interdependencia e integralidad, afirma que la política económica llevada adelante por el gobierno del presidente Mauricio Macri vulnera el insustituible derecho al trabajo y como consecuencia el resto de los derechos que hacen a una vida digna.
Mesa Directiva
C.A. de Buenos Aires, 12 de mayo de 2016