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Después de 25 años de debate y negociaciones, la APDH
celebra la aprobación de la Convención para la Protección de Todas las
Personas de las Desapariciones Forzadas por el Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 29 de junio.
“Estamos serenamente satisfechos con el logro obtenido,” dijo Horacio
Ravenna de la APDH en un discurso al Consejo, “conscientes que el
instrumento . . . muestra el estado del desarrollo actual del derecho
internacional de los derechos humanos y el nivel de conciencia
universal.” Además de la aprobación de la Convención por consenso, el
Consejo también adoptó por votación la Declaración Universal de Derechos
de los Pueblos Indígenas.
Al afirmar que nadie será sometido a una desaparición
forzada y tipificar la práctica sistemática de tal desaparición como
crimen de lesa humanidad, la Convención trata específicamente un asunto
que quedaba ambiguo en acuerdos anteriores. Todo estado que ratifique el
instrumento se compromete a modificar su código penal para tipificar la
desaparición forzada como delito, a investigar casos y a procesar los
responsables. El instrumento niega la existencia de circunstancias
excepcionales que justifiquen una desaparición forzada y no distingue
entre su comisión por agentes estatales o los que actúan con el apoyo o
la aquiescencia del estado.
Ravenna comentó en una entrevista con Radio Nizkor que el
debate del comité de expertos fue “durísimo,” y algunos países
expresaron dudas sobre los efectos en su autodeterminación. No obstante,
la versión aprobada “ratifica la jurisdicción internacional, pero a su
vez, dispone la responsabilidad de los estados como primario en la
intervención. Siempre el derecho internacional es complementario,”
agregó. Aunque la APDH apoyaba algunas medidas que no fueron adoptados
(por ejemplo, el derecho a la verdad sin límites y la prohibición
expresa de tribunales militares), Ravenna expresó su satisfacción con el
resultado: “Esto para nosotros es un triunfo en la lucha después de 25
anos.”
Otros aspectos destacados de la Convención son las
garantías del habeas corpus y el Artículo 8, conocido como el “artículo
argentino,” lo cual exige que regimenes de prescripción reconozcan el
carácter continuo del delito cuando la víctima sigue desaparecida. La
definición de la víctima es también más amplia y puede abarcar parientes
del tercer grado e incluso amigos del desaparecido. En su discurso al
Consejo, añadió Ravenna, “Esta convención realiza un aporte trascendente
al futuro desarrollo de los derechos humanos al establecer que cuando se
verifique una practica sistemática y generalizada el Comité puede
informar a la Asamblea General por intermedio del Secretario General.”
El siguiente paso para la Convención es su consideración por la Asamblea
General de la ONU en su sesión de septiembre, para lo que necesita 20
votos a favor.
La APDH también apoyó la Declaración Universal de
Derechos de los Pueblos Indígenas, cuya aprobación después de 11 años de
debate marca un paso adelante. Este instrumento reconoce los derechos de
grupos e individuales de pueblos indígenas a la libre determinación, a
desarrollar y transmitir a generaciones futuras sus tradiciones,
historias e idiomas, y a participar plenamente en la vida económica,
social y cultural del país donde viven, entre otros derechos.
La APDH seguirá trabajando por la creación de un
Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), lo cual establecería un mecanismo para
denunciar violaciones de estos derechos e iniciar investigaciones por el
Comité de DESC. Destacando la importancia de tal Protocolo al Consejo,
Ravenna expresó, “El PF reafirmará la universalidad, indivisibilidad,
interrelación e interdependencia de los derechos humanos restableciendo
la igualdad jerárquica, aclarará las obligaciones de los Estados partes
conforme al PIDESC, promoverá el desarrollo de jurisprudencia en el
ámbito nacional, y principalmente establecerá un recurso internacional
de reparación de las violaciones al PIDESC.” Al clausurar su primera
sesión, el Consejo amplió el mandato del Grupo de Trabajo por dos años y
encargó a la presidenta del grupo de preparar un borrador del protocolo.
Escuchar la
entrevista a Horacio Ravenna en formato Mp3
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