San Luis: Violencia en el accionar de la policía provincial.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, delegación  San Luis,  repudia enérgicamente el accionar en los  procedimientos de la policía provincial consistentes en hechos de violencia  que vienen reiterándose en distintos barrios de la ciudad.  
 
El último hecho fue las torturas sufridas por el Dr. Carlos Robledo, quien estaba frente a la casa de un cliente, en esa circunstancias   fue golpeado  por parte de personal de la Comisaría 6ta. La semana pasada lo fue contra el Ingeniero Juan Larrea, hoy Diputado provincial, quien estaba presente apoyando a un grupo de personas que habrían sido estafados  por una supuesta gestora,  sin  mediar palabras con los efectivos de la fuerza fue detenido y retirado del lugar. Estos hechos  evidencian la impostergable necesidad de avanzar en reformas estructurales de los sistemas penitenciarios y policiales de la provincia y sancionar el Mecanismo  de Prevención contra la Tortura,  cuyo proyecto se encuentra injustificadamente a la espera de su tratamiento en la Legislatura provincial.
 
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, delegación  San Luis, viene  denunciando la realización de procedimientos discriminatorios, de control social consistente en la detención, cacheo, secuestro de pertenencias y acciones vejatorias que se producen en forma selectiva y arbitraria a un sector de la población, por parte de las fuerzas de seguridad, también ha realizado denuncias por los hechos ocurridos en la cárcel por parte del Servicio Penitenciario, como el hecho vergonzoso de torturas  vejatorias a menores, publicitadas en video, seguramente por alguna interna del propio servicio, en el mes de noviembre pasado, también denunciamos el mal llamado “suicidio del   interno Paulo Francisco Cornejo que fue traslado a la nueva cárcel de la Botija, sin haber tomado ninguna prevención conociendo las condiciones del interno.  
 
La gravedad de los hechos,  hace necesario una reestructuración de la Fuerza Policía, y del Servicio Penitenciario, una reforma a la ley orgánica y un cambio en los planes de estudio del Instituto Superior de Seguridad Pública.
 
Estos hechos no constituyen una situación aislada, La APDH denunció permanentemente  el carácter estructural y cotidiano de las violaciones a los derechos humanos. Es de destacar que nuestro Organismo no solo hace denuncias, también ha intentado llevar propuestas tanto al Señor Gobernador de la Provincia, quien nunca nos recibió derivándonos al Sr Ministro de Seguridad, quien tampoco nos recibió y si lo hizo en su reemplazo un Secretario que solo pudo escuchar ya que no tiene poder  de decisión, y que por supuesto nunca contestó a nuestras inquietudes  lo que estaría evidenciando poca voluntad de producir un cambio. 
 
Tampoco hemos obtenido eco en la autoridades del Poder Judicial, quien también incumple con sus deberes al tener personas procesadas por años sin llevarlas a juicio y muchas veces cuando llegó el juicio fueron absueltas. Y aquí la pregunta es  ¿ quién se hace cargo del daño ocasionado al detenido por años y que luego es absuelto?. De quién es la responsabilidad?. 
 
Por todo ello esperamos una pronta respuesta del Poder Ejecutivo Provincial,  máximo responsable de los hechos cometidos por personal policial y del servicio penitenciario.

San Luis, 8 de enero de 2015