Declaración crítica de APDH. PROYECTO DE LEY de INVIOLABILIDAD de la PROPIEDAD PRIVADA.
En el marco de la promoción y vigencia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, tanto como en la vigencia efectiva de la Soberanía Nacional, la APDH observa con crítica preocupación y rechaza el proyecto de ley denominado de “inviolabilidad de la propiedad privada”.
El proyecto, tanto en sus fundamentos como en su articulado, procura eliminar diversas limitaciones al derecho de propiedad, que la sociedad, mediante sus mecanismos institucionales democráticos, ha ido construyendo a través de largos procesos históricos y ecuménicos, teniendo en miras el progreso social y la protección de la sociedad en general frente a un perimido concepto absoluto y frío de propiedad privada, condenado desde todo el arco socio cultural de la humanidad. Reafirmamos que el derecho a la propiedad privada no es absoluto. El Estado puede y debe imponer restricciones o limitar su uso para satisfacer necesidades colectivas o proteger derechos de terceros. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, establece en su art.21 que "Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes...", pero agrega: " La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social".
El proyecto se ciñe a algunos puntos concretos:
Endurecimiento desalentador de las capacidades estatales en materia de Expropiaciones, agilización de los desalojos mediante la aplicación de procesos sumarísimos y la regulación del manejo del fuego, donde se advierte un retroceso en estándares de protección ambiental que debería ser revisado críticamente ya que atenta contra la protección de la tierra y su empleo social, tanto como que excluye a los Pueblos Originarios.
En la versión actual quedó momentáneamente descartado el proyecto de eliminación del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares), ante la ola de disconformidad e indignación que su inclusión causó.
Modificaciones en el Sistema Registral y una intervención perversamente aliviadora de responsabilidades y limitaciones en cuanto a las consecuencias de los incendios intencionales en predios rurales, bosques y parques, abiertamente negativos para los pobladores y para los presupuestos mínimos de protección ambiental.
En cuanto a la soberanía nacional, entendida como la potestad de todos los ciudadanos para el bien común, el proyecto pretende derogar toda limitación a la adquisición de tierras a personas, empresas o Estados extranjeros, incluso en el delicado terreno de predios limítrofes, algo vedado por la Ley Nacional de Tierras. Una cuestión que ya ha sido motivo de conflictos en lugares emblemáticos de la Cordillera de Los Andes como Lago Escondido y partes sustanciales de la Patagonia, incluyendo la Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Ninguna de esas modificaciones tiende a facilitar el acceso a la tierra para las grandes mayorías carentes de recursos. Por el contrario, es un permiso abierto para un nuevo ciclo de concentración en pocas manos que provocará una reedición de la condenada “conquista del desierto” del siglo XIX.
Todos los temas planteados merecen un debate mucho más profundo, pausado y reflexivo, en cuanto a lo que se pretende lograr y a los intereses que se busca favorecer, a nuestro sentir, en las antípodas de las necesidades mayoritarias y fuera de toda lógica de defensa nacional, por lo que rechazamos el proyecto en todas sus partes.
La democracia no puede estar subordinada a intereses puntuales de minorías locales ni mucho menos foráneas.
El análisis puro y simple del proyecto deja traslucir una condescendencia con las apetencias coincidentes de geopolíticas estratégicas que plantea EEUU y los dueños de grandes fortunas, que ven el país como parte del esquema de su seguridad nacional y, a la vez, como un reservorio apto, no solo para la depredación de recursos naturales considerados vitales para ellos, sino también cómo emplazamiento ideal para refugios privilegiados frente a potenciales riesgos nucleares. La continuidad de esa lógica termina en la enajenación y desintegración del territorio nacional y la gentrificación de grandes extensiones de valor incalculable.
Por todo lo expuesto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos considera imperativo llamar a la reflexión a quienes tienen la responsabilidad de analizar y votar el proyecto para que lo hagan desde una perspectiva acorde con sus representados, resistiendo las enormes presiones que ejercen diversos lobbys.
