La APDH denuncia la violenta detención policial de tres integrantes del MOCASE esta madrugada en Santiago del Estero

APDH Nacional
Entre las personas detenidas, uno es menor de edad.
Solicitamos la intervención en el caso de la Secretaría de Derechos Humanos Nacional y Comité Nacional contra la tortura

La Asamblea Permanente por los Derechos (APDH) solicitó "la urgente intervencion" del Comité Nacional contra la Tortura y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sobre el caso de tres campesinos de la comunidad Loma Blanca Norte de la provincia de Santiago del Estero, de los cuales uno es menor de edad, que fueron detenidos esta madrugada "con violencia física y amenazas de muerte" por parte de la policía provincial, y que actuaron por orden la fiscal María Victoria Sottini y de la jueza Cecilia Vittar.

"La situacion es muy grave, los detenidos han sido golpeados y se encuentran con dificultades para caminar", según informó la regional santiagueña de la APDH.

Todo comenzó en la madrugada del hoy jueves 25 de marzo, cuando decenas de uniformados de la policía de la provincia de Santiago del Estero irrumpieron en la comunidad campesina de Loma Blanca Norte y, con extrema violencia y amenazas de muerte, se llevaron detenidos a Alcides Acosta, Guillermo Cejas y el menor E.C., integrantes de Movimiento Campesimo de Santiago del Estero (MOCASE),

"La gravedad de este hecho ilustra el procedimiento del Poder Judicial de la provincia, fuerte con los débiles y débil con los fuertes", opinaron desde la APDH local. Y detallaron que "las comunidades de Loma Blanca Norte venían denunciando el accionar ilícito de personas en el territorio que ancestralmente ocupan, denuncias que no han prosperado". 

Ante esas denuncias, en vez de proteger a los campesinos, la fiscal respondió solicitando a la jueza Cecilia Vittar que ordene el allanamiento y la detención de los propios denunciantes, procedimiento que se ejecutó en tiempo récord, de madrugada, con violencia y amenazas de muerte.

Desde la APDH exigimos la urgente liberación de los detenidos, que investiguen el caso en el Comité Nacional contra la Tortura y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y que cese la violencia institucional sobre las comunidades campesinas.